Cientos de funcionarios aceleran su retiro por miedo a que les recorten la pensión

La activación del Factor de Sostenibilidad en 2019 impulsa a los empleados públicos a aprovechar el resquicio legal que les permite jubilarse a los 60

Cientos de funcionarios del denominado Régimen de Clases Pasivas están aprovechando la posibilidad que les da el singular marco regulatorio de éste para jubilarse a los 60 años con el 100% de su pensión y evitar así el presumible impacto negativo sobre sus prestaciones que tendrá la entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2019 del Factor de Sostenibilidad de las pensiones.

Según refieren fuentes sindicales, el fenómeno recuerda a lo sucedido en 2012 cuando miles de funcionarios decidieron abandonar sus trabajos en la Administración de forma anticipada nada más traspasar el umbral de los 60 años para evitar que la rebaja del 5% en sus retribuciones, decretada por Zapatero en 2010, y la congelación salarial posterior afectara a su pensión de jubilación. Hay que recordar que, al contrario de lo que sucede en el Régimen General, las pensiones de los funcionarios encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas no dependen de su base de cotización sino del haber regulador, vinculado de forma directa a sus salarios, por lo que una rebaja en éstos tiene incidencia directa sobre su futura pensión.  En aquel momento los cambios regulatorios hicieron que se triplicara el número de jubilaciones anticipadas en el ámbito de la Administración del Estado, que en apenas dos años pasaron de 4.000 a 14.000. Aún hoy se continúa en estos niveles.

En 2016, último año sobre el que existen datos oficiales, decidieron adelantar su jubilación nada menos que 15.470 funcionarios. "Por la información que manejamos el año pasado esa cifra pudo ser igual o incluso algo superior y en lo que llevamos de año lo que percibimos es que el fenómeno se puede estar agravando", advierte Carlos Álvarez, secretario general para la Administración General del Estado de la Federación de Empleados y Empleadas de Servicios Públicos de UGT (FeS-UGT).

Los sindicatos no han tardado en poner sobre aviso a las autoridades de los diferentes ministerios e incluso han remitido una carta a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para instarla a adoptar de forma urgente las medidas oportunas para evitar que la 'fuga' anticipada y no prevista de un número cada vez mayor de empleados públicos acabe generando serios problemas en las áreas de la Administración más perjudicadas por la política de reposición de vacantes del Gobierno: los organismos de la Seguridad Social y el Servicios Público de Empleo. "En algunos organismos de la Seguridad Social ya se ha comenzado a desviar expedientes que debían tramitarse en Madrid a otras direcciones provinciales cercanas ante la falta de efectivos reales para asumir la carga de trabajo", denuncia Álvarez.

Existe además un riesgo elevado de que la situación se agrave. De los 181.000 funcionarios civiles de la Administración General del Estado, nada menos que 28.000 tienen más de 60 años y en la mayoría de los casos podrán decidir jubilarse en el momento que lo estimen más oportuno. La única restricción que pone el Régimen de Clases Pasivas para jubilarse de forma anticipada a partir de los 60 años con el 100% de la pensión es que se acrediten 35 años de carrera funcionarial, un requisito que la mayoría cumple.

"Sí hemos percibido un cierto 'efecto pánico' entre los empleados públicos por el impacto que la reforma de las pensiones puede tener sobre sus prestaciones y esa incertidumbre está llevando a muchos a adelantar su jubilación", admite otra fuente sindical. ¿Un miedo infundado? Tal vez. Algunas de las medidas más agresivas de las últimas dos reformas del sistema de pensiones, como son el retraso de la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años o el endurecimiento de las condiciones para jubilarse anticipadamente no aplicaron sobre el régimen de clases pasivas de los funcionarios. Es más, este régimen especial para funcionarios mantuvo casi intactos sus privilegios como explica Alain Cuenca en este artículo en lainformacion.com.

En el punto de mira del Gobierno

Y sin embargo la inquietud de los funcionarios respecto a su jubilación tiene base. El Gobierno pidió en su día al Pacto de Toledo que, entre las materias a tratar para generar su nuevo catálogo de recomendaciones, se replanteara la validez del actual sistema de jubilación anticipada voluntaria del Régimen de Clases Pasivas de los funcionarios, no solo por el coste público que acarrea en un marco de restricciones presupuestarias sino por la diferencia de trato que generaba con los empleados públicos adscritos al Régimen General, que tienen restringida su jubilación hasta más allá de los 65 años.

La Información ha chequeado con representantes de diferentes partidos políticos en el Pacto de Toledo si éste es uno de los temas que está sobre la mesa en la fase final de las negociaciones de la Comisión de cara a emitir un nuevo catálogo de recomendaciones y la respuesta ha sido negativa. "No, no está sobre la mesa. Ni siquiera lo hemos tratado".

El otro foco de incertidumbre reside en la aplicación del Factor de Sostenibilidad de las pensiones, que vinculará a partir del próximo 1 de enero la cuantía inicial de éstas a la esperanza de vida real de sus  beneficiarios, de modo que un incremento en la esperanza de vida significará un ajuste automático a la baja de la pensión ya que se disfrutará durante más tiempo. Los estudios realizados al efecto estiman un impacto del 0,5% en la cuantía inicial de las pensiones por este nuevo elemento de cálculo en el sistema público de pensiones.

En principio la activación del Factor de Sostenibilidad de las pensiones no tiene por qué afectar a los funcionarios del Régimen de Clases Pasivas ya que se enmarca en la Ley de Seguridad Social y ésta no le afecta. Pero entre los sindicatos existe el convencimiento general de que el Gobierno extenderá la aplicación de ese elemento al Régimen de Clases Pasivas y ello sí podría traducirse en un ajuste incluso superior a ese 0,5% en las retribuciones de los empleados públicos jubilados a los 60, ya que el ajuste por esperanza de vida sería mucho más importante. Hacerlo le resultaría muy sencillo al Gobierno. "Bastaría con que se incluyese una disposición en ese sentido una ley cualquier o en la Ley de Presupuestos para que se activara esa posibilidad", asegura una fuente conocedora de los mecanismos de funcionamiento regulatorio de la Administración. Los empleados públicos ya han comenzado a protegerse ante esa posibilidad.

Fuente: lainformacion.com

La FEMP convoca una cumbre de electos locales para conocer su opinión sobre las limitaciones de Hacienda al uso del superávit

Están llamados más de 300 Alcaldes y Concejales, entre miembros de la Junta de Gobierno, Consejo Territorial, Federaciones Territoriales, Presidentes de Diputación y Alcaldes de ciudades con más de 50.000 habitantes.

El Presidente de la FEMP, Abel caballero, ha anunciado esta mañana la convocatoria de un acto informativo y de debate de Alcaldes y cargos electos locales para conocer su opinión y saber lo que piensan sobre las actuales limitaciones al uso del superávit local y “a partir de ahí, desde la FEMP, tomar las decisiones correspondientes” en defender la financiación municipal.

La convocatoria, fijada el próximo martes, 27 de febrero, en Madrid, se dirige a todos los miembros de la Junta de Gobierno de la FEMP, a los de su Consejo Territorial, a los de los Consejos y órganos de Gobierno de las Federaciones Territoriales de Municipios y Provincias, a los Presidentes de Diputaciones, cabildos y Consejos Insulares y a los Alcaldes de Ciudades con más de 50.000 habitantes, “en total más de 300 personas”.

Según ha recordado el Presidente de la FEMP, “una desafortunada ley del Gobierno de España” impide a los Gobiernos Locales la reinversión de su superávit en actuaciones dirigidas a los ciudadanos, y ha añadido que, si los presupuestos se retrasan, ya no será posible ningún tipo de reinversión: “o conseguimos un Decreto Ley inmediato o no tendremos tiempo de dedicar de forma efectiva nuestros remanentes a políticas sociales o de empleo, proyectos para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.

Por eso, ha señalado, “queremos una decisión urgente del Gobierno de España para solucionar un problema que el propio Gobierno de España nos causó a Ayuntamientos y Diputaciones. La reinversión de nuestros superávit está en cuestión y Montero lo sabe pero se niega siquiera a responder a nuestras reiteradas peticiones de entrevista".

La convocatoria de esta cumbre de electos se formalizará en los próximos días de cara a realizar el encuentro durante toda la jornada del próximo día 27. En la misma se indica que “nuestra situación de financiación y gasto está peor, mucho peor, que hace casi tres años cuando se inició el actual mandato local. Tan es así que no debemos titubear al calificar nuestra situación como agónica, insostenible. Un diagnóstico que se agrava aún más si cabe, toda vez que no hemos hecho nada para estar así, más bien al contrario, ni nos merecemos esta asfixia en la financiación a la que nos somete el Gobierno de España”.

En la comunicación, además, se añade que en los próximos días se harán públicos los resultados correspondientes al superávit de 2017, y ese dato dirá que las Entidades Locales obtuvimos un superávit muy significativo; un 2017, además, en el que redujimos la deuda en casi un 10 %”. Con esto, concluye el texto de la convocatoria, “ya se acabó nuestra paciencia, no aguantamos más, no toleramos seguir siendo tratados de este modo porque nuestra gestión nos avala, y exigimos al Gobierno que atienda de una vez por todas nuestras retiradas peticiones y con ellas nuestras demandas, que son las de nuestros ciudadanos, y nuestros compromisos, que son para los ciudadanos, porque aquí no hay colores políticos ni cuestiones partidistas, sino el interés general apoyado en la voluntad inequívoca de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.

Fuente: FEMP

GALICIA: Convocatoria de la jornada Auditoría del sector público

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2018 de la Escuela Gallega de Administración Pública por la que se convoca la jornada Auditoría del sector público (DOG 21/2/2018)

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El Congreso insta al Gobierno a reforzar la independencia de los funcionarios municipales

El Congreso de los Diputados aprobó el miércoles una proposición no de ley que insta al Gobierno a reforzar la independencia y la imparcialidad de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional

Revista de prensa. EP.- La iniciativa, presentada por el portavoz adjunto de Cs en la Comisión de Hacienda y Función Pública, Vicente Ten, ha salido adelante gracias a un acuerdo alcanzado entre Cs y PP, los únicos partidos que la han respaldado. PSOE, PNV, ERC y Compromís han votado en contra, mientras que Unidos Podemos ha optado por la abstención.

Mientras el texto inicial del partido naranja pedía "eliminar cualquier excepción" que permita la libre designación de funcionarios en la Administración Local, la enmienda transaccionada con el PP habla de "reforzar las garantías de utilización del procedimiento de concurso de méritos" y de "establecer unos requisitos objetivos y estrictos" que justifiquen los casos de libre designación.

"Aun compartiendo el objetivo perseguido de garantizar la independencia de los funcionarios, se considera que más que prohibir la posibilidad de la libre designación, se debería tener con carácter excepcional", ha afirmado durante el debate el diputado 'popular' Bienvenido de Arriba.

Buscar consenso con la FEMP

Asimismo, se ha añadido un nuevo punto que insta al Gobierno a aprobar el reglamento de desarrollo del artículo 92.6 bis de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, que hace referencia a las excepciones por las que los puestos de funcionarios de la Administración Local pueden atribuirse por libre designación.

En concreto, el Congreso emplaza al Gobierno a consensuar este futuro reglamento con las asociaciones más representativas de los Cuerpos de Secretarios e Interventores y con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); algo que ha reivindicado durante el debate de la propuesta la portavoz adjunta en la Comisión de Hacienda de Podemos, Auxiliadora Honorato.

También se ha añadido que el Gobierno debe presentar una propuesta para reforzar esta independencia "previo análisis y estudio" y se han mantenido los puntos de la propuesta inicial de Cs, que instan a establecer la incoación, instrucción y aplicación del régimen sancionador aplicable a los funcionarios; a permitir a las corporaciones locales reconocer o asignar a los funcionarios "funciones complementarias y distintas a las expresamente reservadas a esta escala"; y prever su retribución complementaria mediante "criterios objetivos" a fijar anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.

PSOE, ERC, PNV Y PDeCAT, en contra

Los parlamentarios del PSOE, PDeCAT y PNV, María Jesús Serrano, Ferran Bel e Idoia Sagastizabal, respectivamente han rechazado la PNL y han acusado a Cs de no entender "el municipalismo". Serrano ha echado en cara al portavoz adjunto de Cs en esta comisión su "desconocimiento de la autonomía de los empleados públicos" y le ha asegurado que, en la lucha contra la corrupción, la libertad de designación "no resuelve esta problemática".

"No copien del PP esa arrogancia con la que siempre miran a los ayuntamientos como meros prestadores de servicios públicos", le ha espetado Serrano a Ten, y ha añadido que su formación "no cree" en la administración local ni en el municipalismo.

"No compartimos para nada ni el texto ni el espíritu de esta proposición. Coincido plenamente con la intervención que ha hecho la diputada del PSOE", ha aseverado Bel, y Sagastizabal ha concluido uniéndose a este rechazo: "Tampoco la vamos a apoyar. Creemos que desconocen en general la administración local".

Fuente: Gestores Públicos