ISSN: 2695-4621
Resolución de 13 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca el curso "El Reglamento General de Protección de Datos" (BOE 15/3/2018)
Resolución de 12 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas descentralizadas en el ámbito local para el año 2018 (BOE 14/3/2018)
Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE 7/3/2018)
Nota
El artículo 7 establece una exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica para los ejercicios 2017 y 2018 que afecten a fincas, viviendas, locales de trabajo y similares, de naturaleza rústica, de titularidad de agricultores y ganaderos afectados por la sequía radicados en los ámbitos territoriales afectados por la sequía en el presente año agrícola, que hayan sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos o en los aprovechamientos ganaderos de, al menos, un 20 por ciento de la producción normal en zonas desfavorecidas, y de un 30 por ciento en las demás zonas, de conformidad con los criterios establecidos por la Unión Europea, siempre y cuando se acrediten daños materiales directos en inmuebles y explotaciones agrarias y los mismos no estén cubiertos por ninguna fórmula de seguro público o privado.
La exención de las cuotas en el IBI comprenderá la de los recargos legalmente autorizados sobre aquel.
Los contribuyentes que teniendo derecho a estos beneficios establecidos hubieren satisfecho los recibos correspondientes a estos ejercicios (2017 y 2018) podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.
Y, junto a ello, se establece que la disminución de ingresos en tributos locales que los apartados anteriores de este artículo produzcan en los ayuntamientos, consejos insulares, cabildos insulares, diputaciones provinciales y comunidades autónomas será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Montoro ofrece a los funcionarios una subida del 6% en 3 años, un 2% variable y 11 días de conciliación
El ministro de Hacienda quiere mejorar las condiciones de los funcionarios, propone una prima para pensionistas y abre la mano con los Ayuntamientos
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y, por lo tanto, el responsable de administrar las finanzas del Estado, ha confirmado que la era de la austeridad ha llegado ya a su fin. Esta semana, Función Pública se ha reunido en dos ocasiones con los sindicatos y hoy lo hace otra vez para, probablemente, firmar un acuerdo plurianual por el que los funcionarios recibirán una importante subida salarial, tendrán 11 días al año de libre disposición para conciliar la vida laboral y profesional e, incluso, podrán recuperar la jornada de 35 horas.
En el caso de los sueldos, Montoro ha mejorado la oferta que realizó en septiembre y les asegura a los trabajadores públicos un incremento de sueldo del 6% en el periodo 2018-2020. Además, añade cerca de un 2% variable que completa el incremento hasta el 8% que ya se había planteado pero que, en este caso, tiene un mayor componente fijo. Y a ello habría que sumar, tal y como explica la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), unas décimas que las comunidades cumplidoras tendrán en su mano para realizar una subida adicional.
Asimismo, el Gobierno propone que los trabajadores públicos tengan acceso a horas de libre disposición acumulables para favorecer la conciliación familiar y laboral, para el cuidado y atención de mayores, discapacitados e hijos menores de edad. Según los cálculos de CSIF, se trata de una bolsa que representa el 5% de la jornada anual, lo que a efectos prácticos supone que los funcionarios tendrán 11 días de libre disposición.
A todo ello, Montoro ha sumado la posibilidad de recuperar la jornada de 35 horas en los ámbitos en los que estuviese implantada antes de la crisis. Para ello, al igual que en la mayoría de las demás propuestas, será necesario que la comunidad o Ayuntamiento en cuestión haya cumplido con los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
De esta manera, el responsable de la Función Pública española cumple con lo que ya dijo al comienzo de esta legislatura: que los funcionarios iban a recuperar los derechos perdidos durante la crisis. En ello ha sido básico la buena marcha de la economía, que permite abordar una subida salarial que le costará más de 6.500 millones a la arcas públicas, según los cálculos de Hacienda. Pero, sin duda, también resulta evidente que en las medidas existe un importante componente electoral, y así se puede apreciar en otras actuaciones aprobadas o propuestas por Montoro.
Ayuntamientos, policías y pensionistas
Un ejemplo muy evidente es el decreto ley que el Gobierno va a aprobar este mismo mes y por el que los Ayuntamientos podrán reinvertir el déficit de 2017. Serán, según los cálculos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), más de 5.000 millones extra para actuaciones que se podrán llevar a cabo hasta abril de 2019, esto es, justo antes de las elecciones municipales.
También se puede entender en esta misma clave la rebaja fiscal que Hacienda ha prometido para los pensionistas de mayor edad. La oposición, particularmente el PSOE y Podemos, están presionando para que las pensiones se vuelvan a ligar al IPC y lo han convertido ya en un argumento electoral. El Gobierno, en cambio, afirma que no hay margen para la indexación y trató de contrarrestar la presión del resto de fuerzas con la prima fiscal propuesta por Montoro, a lo que posteriormente añadió una posible revisión del Índice de Revalorización de las Pensiones (IPR), que actualmente está en el 0,25%.
Volviendo al ámbito del empleo público, la equiparación salarial entre las diferentes fuerzas de seguridad del Estado es otra muestra de que el ministro de Hacienda más longevo está dispuesto a gastar más, e incluso la aprobación del cupo vasco -que en palabras de Ciudadanos es un «cuponazo»- supone otra evidencia de que Montoro ha dejado atrás el tiempo de la moderación.
Fuente: El Mundo
La vía para autorizar las nuevas inversiones será un Decreto Ley que se aprobará este mismo mes de marzo
El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha manifestado que la FEMP se encuentra “muy satisfecha” tras la reunión celebrada en la tarde de hoy en la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en la que se han aceptado las reivindicaciones municipalistas respecto a la ampliación del catálogo de inversiones financieramente sostenibles para el superávit local. En la reunión, el Secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha confirmado que la autorización para la utilización de los superávit desde los Ayuntamientos se va a hacer por Decreto Ley y que ese Decreto Ley se publicará este mismo mes de marzo, lo que significa, en palabras de Abel Caballero, que “estamos en los plazos que habíamos marcado”.
Según ha explicado el Presidente, Hacienda “ha dicho sí al listado de ampliación de inversiones financieramente sostenibles que le propuso la FEMP, siempre que no entren en contradicción con la Ley Orgánica de Estabilidad”, lo que significa que se podrán hacer inversiones en infraestructuras educativas, infraestructuras culturales, infraestructuras sociales, deportivas, en gestión de residuos, seguridad y protección civil y en equipamiento de dependencias municipales, “lo que era el núcleo principal de nuestra propuesta”.
“Tenemos la vía libre y la luz verde para la inversión de los superávits, y esto era importantísimo”, ha subrayado, “autorización, poderlos invertir, y en tiempo, “desde abril de este año hasta abril del próximo será suficiente para decidir las inversiones, licitarlas y posiblemente, ejecutarlas”, añadió.
“Y todo lo que planteábamos para invertir los más de 5.000 millones de euros tiene respuesta positiva”. Caballero aseguró que “los Ayuntamientos queríamos esto para generar la actividad y el empleo que genera esta inmensa movilización de inversiones. Y subrayó que “esto es muy bueno para los ciudadanos de España, es lo mejor que le puede suceder a este país”.
Queda pendiente una pequeña modificación técnica en materia de equipamiento (bienes muebles). Sobre fomento del empleo, el Gobierno comparte la idea de poder utilizarlo como destino del superávit, aunque quedan dudas técnicas sobre si fomento del empleo es un gasto de inversión “tiene que ser analizado y estudiado. Si cabe legislativamente se incorporará” y si no, se buscará la norma con el rango legislativo adecuado.
En la reunión de esta tarde han participado, además de Abel Caballero, la Vicepresidenta Primera de la FEMP y Alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra; el Vicepresidente Segundo, y Alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez; el Presidente de la Comisión de Haciendas Locales y Alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez; y el Secretario General de la FEMP, Juan Ávila.
Fuente: FEMP