En 2017 los jueces españoles juzgaron a 411 personas por corrupción pública

Los jueces españoles abrieron juicio oral por delitos de corrupción a 411 personas durante el año 2017, mientras que, durante ese mismo ejercicio, hubo 126 sentencias por delitos de este tipo en primera instancia, de las cuales el 73,8 por ciento fueron condenatorias.

En total, los jueces y juezas españoles concluyeron en ese mismo año 97 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 411 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo.

Así se desprende de la base de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial, al que se han incorporado los correspondientes al último trimestre de 2017.

Esta base de datos, repositorio, permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción mediante la actualización trimestral de la información sobre sus principales indicadores, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

Son procedimientos que tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de sus elementos el mal uso del dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Fuente: Confilegal

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

La reseña del Consejo de Ministros recoge lo siguiente:

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional con el fin de aumentar la profesionalidad y eficacia de las funciones de asesoramiento legal y control interno que ejercen en las entidades locales.

En este sentido, el texto establece requisitos excepcionales y estrictos para la provisión de habilitados nacionales por libre designación y se incrementan las garantías en el nombramiento y cese de los mismos.

En cuanto a los concursos de méritos a efectos de traslados, regirá un nuevo sistema de puntuación que tendrá en cuenta circunstancias relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar, como el cuidado de hijos menores de doce años o de familiares con condición de discapacitados que no puedan valerse por sí mismos.

Por otra parte, se realiza una descripción actualizada de las funciones de estos empleados públicos, que incorpora nuevas responsabilidades relativas al derecho de los ciudadanos de relacionarse con las Administraciones mediante medios electrónicos y a las exigencias de transparencia y buen gobierno de la gestión pública.

Asimismo se establece que en determinados municipios en los que las Mancomunidades, Diputaciones Provinciales, los Cabildos o los Consejos Insulares hayan asumido la gestión de algunos servicios, y por tanto se hayan reducido las cargas administrativas, exista la posibilidad de formar agrupaciones para el desempeño del puesto de tesorero o que este cargo lo asuma un funcionario de clase inferior.

Además, el nuevo régimen jurídico adapta las titulaciones exigidas para el ingreso en cualquier escala de habilitados al esquema actual de titulaciones universitarias.

En España hay cerca de 7.000 funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional que asumen responsabilidades administrativas de secretaría y de intervención y tesorería.

El Real Decreto aprobado sigue las recomendaciones del Tribunal de Cuentas acerca de "clarificar y unificar en un único texto la normativa vigente en relación con el personal que presta servicios de control y fiscalización interna en las Entidades Locales, al objeto de fortalecer la seguridad jurídica y de evitar la confusión que pueda resultar de la pluralidad de textos normativos en los que, en la actualidad, se halla dispersa la materia, así como de las sucesivas y diversas modificaciones que en dichos textos se han venido produciendo".

Ver la referencia del Consejo de Ministros aquí.

Publicado en el BOE el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional

Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (17/3/2018)

Ver aquí

La FEMP pide blindar las competencias municipales en la reforma constitucional

El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha asegurado en el Fórum Europa que “la nueva política se llama política municipal”

 “Los Ayuntamientos necesitamos una Constitución que blinde nuestra capacidad política, nuestras competencias y nuestra capacidad de actuación”, ha señalado esta mañana el presidente de la FEMP, Abel Caballero, en el transcurso de un desayuno informativo en Forum Europa, organizado por Nueva Economía y celebrado en el Casino de Madrid. Ante más de un centenar de asistentes, Caballero ha defendido una reforma constitucional que asegure las competencias municipales y el papel que desempeñan los Consistorios en la actualidad.

El Presidente de la FEMP ha subrayado que, “cuando se reforme la Constitución –que se reformará- hay que hacer un debate a fondo sobre Corporaciones Locales”, porque, según ha explicado, los municipios de 2018 son muy diferentes a los de 1978: “En estos 40 años la acción política desde el ámbito local ha dado un vuelco radical”. Y desde los Ayuntamientos que “escasamente eran capaces de dar respuestas a problemas básicos de la ciudades, hemos pasado a Ayuntamientos que son grandes actores de la política. “Los Ayuntamientos de 2018 son irreconocibles cuando se comparan con los de hace 40 años, y esto señala nuevas necesidades y nuevos rumbos de la política”.

Para el Presidente de la FEMP, “la Constitución del 78 nos garantizó 40 años de convivencia en nuestro país y fue capaz de llevar adelante la transición política que hizo posible el cambio”, pero, tan sólo dedica a los municipios tres artículos en su título octavo, “uno a hablar de la autonomía, otro a hablar de las Diputaciones y otro a hablar de la financiación”.

Para Caballero, el protagonismo de los Gobiernos Locales ahora llega más lejos. “Los municipios han avanzado de forma excepcionalmente importante en la prestación de los servicios. En 2018 lo tradicional ya es sólo una parcela de la política municipal, porque ahora ya entran otros factores como la economía, la industria, o el I+D, la nueva forma de entender procesos sociales, atender las grandes claves de los desarrollos sociales y económicos. Somos los interlocutores inmediatos de grandes procesos de desarrollo económico en España”. Y ha incidido: “tenemos que prestar más y mejores servicios y ya los estamos prestando. Y cualquier ciudad que visitemos está a siglos luz de una ciudad de 1978. Y al mismo tiempo somos los que tenemos que estar garantizando a nuestras ciudades prestaciones de servicios alejadas de nosotros, pero que se nos reclaman (sanidad, medio ambiente, etc) todos los ámbitos centrales de la gran política tienen un reflejo inmediato en las grandes políticas locales. Es el nuevo planteamiento de los Ayuntamientos, con el añadido de que estamos en los Ayuntamientos 4.0, porque el 70% de las tramitaciones ya se hacen de forma virtual, y todo esto –ha lamentado- sin prácticamente atención desde otros ámbitos del Estado”.

Gestores eficientes y rigorosos

“La crisis sirvió para saber quién es quién, para saber quién es riguroso”, ha señalado Abel Caballero, destacando en su intervención el trabajo ejemplar de los Consistorios y el estricto cumplimiento de los tres requisitos impuestos desde 2012 en materia de déficit/superávit, deuda y techo de gasto “fundamentales” para los resultados del reino de España. Caballero ha resumido además el proceso de negociación desarrollado por la FEMP a lo largo de estos meses de cara a ampliar los capítulos para la reinversión del superávit, así como los compromisos adquiridos por el Gobierno de cara a la negociación en paralelo de los futuros modelos de financiación autonómica y local o los relativos a la flexibilización del techo de gasto (“porque los que cumplimos queremos tener reconocimiento”).

Caballero ha recordado que, en materia de financiación local, la capacidad fiscal de los Ayuntamientos es hacer que el 63% de los ingresos municipales sean recursos propios “son nuestros impuestos, porque nosotros recaudamos” (las CCAA recaudan el 30%. Somos un modelo. Y desde la legitimidad que nos da el resultado y la rigurosidad, seguimos diciendo que este es el momento de la política municipal, la política del diálogo, de la cercanía a 47 millones de ciudadanos gobernados desde 8.125 Ayuntamientos. La nueva política se llama política municipal”.

Defensa de los pequeños municipios

Abel Caballero, finalmente, ha defendido la supervivencia de los pequeños municipios frente a iniciativas de concentración. “Los pequeños Ayuntamientos tienen un coste muy pequeño, casi nulo. El problema en su momento fueron los grandes Ayuntamientos con grandes deudas. No los pequeños Ayuntamientos de España que, además, están cubriendo algo muy importante: están tratando de evitar la despoblación de zonas enteras de España, un problema gravísimo” que afecta a provincias enteras”.

Sobre esta cuestión ha enfatizado que “habrá que hacer política para evitar eso, y la política para fijar la población al territorio requiere recursos. Y tenemos que afrontarlo porque con la despoblación viene la desertización y la erosión. Cuando el territorio está despoblado llegan las catástrofes, por ejemplo medioambientales”.

Fuente: FEMP