Cuáles son los ayuntamientos más morosos de España

Sólo 11 de los 100 mayores consistorios abonan sus facturas en 30 días, como exige la norma sobre plazos de pago. Las autonomías (45 días) son menos morosas que los ministerios (55). Dicho de otra manera, 9 de cada 10 alcaldes se saltan la norma a la torera. Y sólo cuatro de las 17 comunidades autónomas pagan a sus proveedores dentro de la legalidad. Ni siquiera la Administración central cumple la normativa que obliga al sector público a abonar sus facturas en un plazo máximo de 30 días. En materia de morosidad, el dicho de que quien hace la ley hace la trampa se vuelve literal. Y muy pernicioso para los contratistas públicos. Sobre todo para los pequeños, como los autónomos, que sufren cada vez más para cobrar sus trabajos para las Administraciones Públicas. Tardan una media de 70 días en hacerlo, más del doble de lo legal. según el último informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, con datos a cierre del primer semestre del año.

Los ayuntamientos son los peores pagadores. Tardan una media de 95 días en liquidar sus facturas, más del triple que el plazo legal. Esto es, siete días más que en 2017 y 15 días más que en 2016. Es decir, en sólo dos años, son un 19% más morosos. Hay que recordar que los consistorios son las administraciones para las que más trabajan los autónomos, por lo que el impacto de su morosidad agravan más. El caso más sangrante es el de Jaén, que abona sus facturas en nada menos que 589 días de plazo. Esto es, 126 más que en junio de 2017. Es decir, casi 19 veces más tarde de lo permitido por ley. Un autónomo que realiza un trabajo para este ayuntamientos cobrará, de media, un año y siete meses después de presentar la factura. Los proveedores de Telde esperan 457 días para cobrar su trabajo, seguidos de los de Parla (360 días) y Jerez de la Frontera (322 días).

Los 11 ayuntamientos que cumplen la ley son los de Vigo (14 días de plazo medio), Cáceres (22), Badajoz (23), Alicante (26), Avilés (27), Barcelona (27), Ciudad Real (28), Málaga, Salamanca y Torrent (29) y El Ejido (30).

Incumplir la ley contra la morosidad no es precisamente inocuo. Durante la crisis, el 40% de las pymes y los autónomos que tuvieron que echar el cierre lo hicieron por los elevados plazos de pago que sufrían.

Por segunda vez, las administraciones autonómicas son las que pagan en menor tiempo, en 45 días de media, pero sin cumplir la ley. Han reducido los periodos medios de pago con respecto a 2017, concretamente en 9 días. Los que se ciñen a los 30 días de tope legal son País Vasco (23), Andalucía (27), Navarra (28) y Madrid (30 días, 52 menos que en 2017, cuando era la más morosa). En el lado contrario se encuentran Cantabria (73), Murcia (66) y Comunidad Valenciana (63).

La Administración Central se demora 55 días, 13 menos que los 68 de 2017, pero 12 más que en 2016, aún. Hay que tener en cuenta que los autónomos prestan muy pocos servicios a los ministerios

Fuente: Expansión

Obituario: Cristobal Aragón Sánchez

El pasado 6 de agosto tuvimos conocimiento del fallecimiento de Don Cristóbal Aragón Sánchez miembro del Consejo Asesor de nuestra Revista de Estudios Locales.

Hombre afable, de gran cordialidad, unía a la bondad en el trato la capacidad de transmitir con suma facilidad los conocimientos que su extraordinaria preparación y experiencia le permitían. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y Profesor Mercantil, aunaba dos condiciones profesionales que le otorgaban una excepcional visión del mundo local: la pertenencia a la Escala de habilitación nacional como Interventor-Tesorero y al Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas.

Fue fructífero su Magisterio tanto en la Universidad Complutense (Cátedra de Organización, Contabilidad y procedimientos de la hacienda Pública impartiendo Contabilidad de las Corporaciones Locales) como en el INAP (Profesor de Técnica Presupuestaria, Contabilidad Pública y Control financiero), además de numerosas ponencias y comunicaciones en Jornadas organizadas por el Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, así como nuestra Organización colegial.

En el seno del Tribunal de Cuentas ostentó la Presidencia de la Asociación de los Cuerpos Superiores de Auditores y Letrados del Tribunal de Cuentas y de su Comisión de Estudios. Desempeñó, entre otros, el cargo de Secretario Técnico del Departamento de Corporaciones Locales.

Las páginas de nuestra revista acogieron su colaboración en artículos en materia Presupuestaria y en materia de Control interno. Colaboración que vino a incrementarse de forma notable desde 2003, tras ingresar en el Consejo Asesor, materializando así su preocupación por la labor del colectivo y por el conocimiento práctico que éste ha de tener del alcance de la actividad del Tribunal de Cuentas ante Administración local y de la relación de la profesión interventora con el mismo.

Participó activamente en la creación de una sección específica dedicada a las Resoluciones de la Sala de Justicia Tribunal de Cuentas, ínsita en la sección de comentario jurisprudencial junto con otros integrantes del mismo; y, sobre todo, y mientras pudo, estuvo siempre a disposición para enseñar, asesorar, apoyar, -- y las más de las veces tranquilizar--, a cuantos miembros de la Escala se lo pidieron ante las vicisitudes del difícil desempeño de la función interventora. Siempre en la creencia de la necesidad e importancia del trabajo profesional objetivo y neutral.

Desde la Organización Colegial y la Revista de Estudios Locales le rendimos este pequeño homenaje y le recordaremos siempre por su inestimable labor y su bondad.

ARAGÓN: Convocatoria de diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2018

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2018, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2018 (BOA 16/8/2018)

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La Administración del Estado sigue perdiendo funcionarios a costa de las autonomías

2.553.505 empleados públicos con un ligero crecimiento de 19.376 efectivos (0,76%) 

El número de funcionarios y empleados públicos volvió a descender en la Administración Central. En toda España hay 2.553.505 trabajadores públicos que trabajan para el Estado, las autonomías o los ayuntamientos, de los que algo más de la mitad son funcionarios.

Las Administraciones Públicas cuentan ya con 2.553.505 empleados públicos, según se desprende el último boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, publicado hoy por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que muestra un ligero crecimiento de 19.376 efectivos (0,76%) respecto al semestre anterior. El 51,6% pertenecen a la administración autonómica; el 22,4%, a la local; y un 20%, a la del Estado.

La Administración General del Estado (AGE) ha sido la única en que ha descendido el número de funcionarios, con 2.664 menos (-0,52%), pero aumentaron en las autonomías, con 16.030 funcionarios y empleados públicos más (1,23%) y en los ayuntamientos y otras entidades locales, 5.123 más (0,90%). Las Universidades públicas también han aumentado su personal en 887 efectivos (0,59% más).

A finales de enero de 2018 había 19.376 funcionarios y empleados públicos más (0,76%) que en el anterior boletín estadístico publicado en julio 2017.

El 57% son funcionarios y la mayoría, mujeres

El empleo público va incrementándose lentamente desde 2016 "efecto lógico de los incrementos en la tasa de reposición regulados en las Leyes del PGE desde 2015".

De los 2.553.505 empleados públicos del conjunto de las Administraciones Públicas, el 57,84% es funcionario, mientras que el personal laboral representa el 23,57% y el resto de personal, el 18,59%. El 44,26% de los empleados públicos en España son hombres y el 55,74%, mujeres.

Si se compara la cifra de trabajadores públicos con el semestre anterior, el empleo de las administraciones públicas ha experimentado un ligero repunte (1,35%), fundamentalmente por el crecimiento en las comunidades autónomas (1,13%) y entidades locales (1,29%).

La evolución del empleo en las autonomías es la que más influye en las cifras globales ya que representan el 50% del empleo público total. El empleo público en la Administración Estatal, en cambio, se ha reducido un 2,05%, continúa el informe.

Más proporción de funcionarios en la AGE

En los ministerios y organismos autónomos, excluyendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas, Administración de Justicia y las entidades públicas empresariales y organismos públicos con régimen específico hay un total de 192.425 empleados, de los que el 71,8% es funcionario, mientras que el personal laboral representa el 25,81% y el resto de personal (eventuales, confianza, etcétera), el 2,39%.

En la AGE, la gran mayoría (el 73,47%) de los empleados tiene entre 40 y 59 años; un 38,93% de los funcionarios de carrera pertenece al subgrupo C1 y un 34,06%, a los subgrupos A1 y A2.

Fuente: Expansión