ISSN: 2695-4621
Francesco Filippi. Director del área de proyectos.Fundación MUSOL.
En los debates sobre el cambio climático, tanto a nivel nacional como internacional, durante mucho tiempo, la adaptación al cambio climático ha sido considerada como “el hermano pobre” de las políticas climáticas. Se ha dado prioridad a la mitigación, es decir se ha favorecido la puesta en marcha de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con el objetivo de limitar el aumento de las temperaturas (calentamiento global) y atenuar los efectos del cambio climático. Los esfuerzos dirigidos a adaptar las sociedades más vulnerables para que no sufran tanto los efectos más catastróficos del cambio climático, han sido menores. Sin embargo debido a que los efectos del cambio climático se han ido intensificando, la adaptación ha ido asumiendo mayor peso e importancia. Según un estudio reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) (Hodas R., “Bilateral Finance Institutions and climate change”, UNEP 2012, disponible en la página web: http://www.unep.org/pdf/dtie/BilateralFinanceInstitutionsCC.pdf), en 2011 la financiación pública dirigida a la adaptación de los países en desarrollo representaba el 26 % de los fondos puestos a disposición para la lucha contra el cambio climático.[i]
La adaptación ha sido criticada por muchos ambientalistas como una manera de desviar la atención (y los recursos) destinados a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, dando por perdida la batalla para frenar el cambio climático. Efectivamente, muchos “escépticos”, que antes ponían en cuestión la realidad del cambio climático o disentían del origen antrópico del mismo, ahora prefieren defender la adaptación a los efectos del cambio climático evitando modificar radicalmente un modelo energético, productivo y de consumo basado largamente en los combustibles fósiles, causa principal del calentamiento global.
Debido a la rápida evolución del clima y a algunos fenómenos extremos que han azotado varias partes del planeta en los últimos años, afectando fuertemente a la opinión pública, este debate sobre mitigación versus adaptación está quedando obsoleto.
Las primeras señas de que algo nuevo se estaba introduciendo en este debate, las encontramos en la cumbre de Cancún (2010), donde las instituciones responsables de la aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) decidieron estudiar potenciales mecanismos a nivel internacional para enfrentar las pérdidas y los daños originados por el cambio climático en los países en desarrollo (en la jerga de la CMNUCC, “loss and damage”), creando para ello el “Work programme on loss and damage”.
Desde entonces los países en desarrollo han hecho de dicho programa su caballo de batalla, para solicitar más fondos a los países más industrializados para compensar las pérdidas (humanas y materiales) que sufren a causa del cambio climático.
Esta posición no sorprende y tiene una sólida justificación. Como MUSOL ha tenido oportunidad de reiterar en numerosas publicaciones y eventos, las emisiones de gases de efecto invernadero proceden de los países más industrializados (incluyendo entre ellos los países emergentes que se han sumado recientemente al grupo de los principales países contaminantes) pero sus efectos afectan principalmente a los países más pobres, responsables sólo de una pequeña parte de las emisiones. Recientes publicaciones confirman esta tendencia. El índice global de riesgo climático 2013 (o Global Climate Risk Index 2013) de la prestigiosa organización Germanwatch (disponible en inglés en el sitio web http://germanwatch.org/en), analiza varios indicadores relacionados con los fenómenos climáticos y en base a ellos ha elaborado una lista de los países más afectados por el cambio climático. En particular, el Global Climate Risk Index indica el nivel de vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos influenciados por el cambio climático. Entre 1992 y 2011, ocho de los primeros diez países más afectados por el cambio climático fueron países en desarrollo, clasificados como de ingresos bajos y mediano-bajos por el Banco Mundial. Entre ellos, destacan países como Haití (quinto en la lista), Honduras (primero) o Nicaragua (tercero).
La última cumbre sobre el clima, celebrada en Doha el pasado mes de diciembre, ha sido precedida por eventos climáticos extremos que han impactado a la opinión pública a nivel mundial in primis el huracán Sandy, del que queremos recordar que, no afectó sólo a los Estados Unidos, sino también países en desarrollo como Jamaica y Haití.
Quizás influenciados por estos fenómenos, los delegados en Doha por primera vez se comprometieron a que los países ricos compensarían a los países pobres por los efectos del cambio climático. Para frenar los entusiasmos, hay que aclarar que esta decisión es simplemente el inicio de un proceso para elaborar un mecanismo internacional de compensación, ya que quedan muchas cuestiones por aclarar. Además, los países desarrollados, en particular los Estados Unidos, quisieron que en la declaración final de Doha no se hablase de mecanismos de compensación obligatorios o vinculantes. Entre las cuestiones más relevantes, queda por aclarar si los fondos de compensación de pérdidas y daños saldrán de los fondos de la ayuda humanitaria. Además, será muy difícil aclarar cuando un fenómeno climático extremo está relacionado con el cambio climático y cuando no.
¿Es una buena noticia que el “Loss and damage” haya entrado en la agenda de las negociaciones internacionales sobre el clima?
Seguramente es una victoria para los países más pobres pero para que sea también una victoria para el clima hay que tener en cuenta varios aspectos.
Si compensar los daños del cambio climático se interpretará como una manera de rendirse ante el calentamiento global y como una forma de buscar alternativas supuestamente más económicas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, esta decisión llevaría a un agravamiento del cambio climático. Así, sus daños y pérdidas ya no serán compensables y cualquier medida de adaptación resultará insuficiente. En este sentido, vale la pena mencionar una reciente noticia publicada por el periódico inglés The Guardian (26 de enero de 2013, en la pág. Web http://www.guardian.co.uk). En 2006, Lord Stern publicó por encargo del gobierno británico un detallado estudio sobre el impacto económico del cambio climático, que alertaba de que el coste del cambio climático superaría a medio plazo el precio que tenemos que pagar para limitar ahora las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Después de 7 años, durante los cuales la comunidad internacional no ha conseguido ni reducir ni estabilizar las emisiones de GEI, Lord Stern ha afirmado en el Fórum Económico de Davos (enero 2013) que sus previsiones estaban equivocadas y que el coste del cambio climático será mucho más alto de lo que había previsto, a causa de la inacción de la comunidad internacional.
Además, buena parte del éxito del programa “Loss and damage” dependerá del uso y la aplicación de los fondos para compensar a los países más pobres. Si su uso se basará en el asistencialismo y en la mera respuesta humanitaria a las catástrofes climáticas (necesaria pero insuficiente), su eficacia será limitada. El programa deberá mejorar la resiliencia de los países pobres ante el cambio climático y fortalecer su capacidad de respuesta.
De otro lado, el programa “Loss and damage” podría también constituir un incentivo para los países industrializados para actuar y reducir sus emisiones de GEIs. Ruth Davis, de Greenpeace, destaca que el programa aún no está definido y para entender su alcance real hay que esperar. Sin embargo, Davis afirma que la decisión tomada en Doha llevará a los negociadores de los países industrializados a centrarse en que es de interés de todos reducir las emisiones para evitar grandes inversiones en compensar los efectos del cambio climático en los países más pobres.
Seguramente, es imprescindible reconocer la importancia del programa “Loss and damage” para ayudar los países más pobres a hacer frente a los efectos catastróficos ya inevitables del cambio climático. Sin embargo es importante que el programa no reste recursos dirigidos a la mitigación y adaptación, porque la prioridad es evitar los daños y las pérdidas tanto en los países más pobres como en el resto. La declaración en Doha de Ronald Jumeau, negociador de las Islas Seychelles, resumen bien el sentido de las reflexiones sobre el programa “Loss and damage”:
“Si hubiésemos sido más ambiciosos a la hora de reducir las emisiones de los países ricos, no habríamos tenido que pedir tantos recursos para la adaptación. Si hubiésemos obtenido más recursos para la adaptación, no estaríamos ahora buscando dinero para compensar daños y pérdidas. ¿Cual es el próximo paso? ¿Perder nuestras islas?[ii]”
Este artículo ha sido elaborado y publicado con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco del proyecto “Cooperación internacional al desarrollo y cambio climático: una tarea global”. El contenido de dicho texto es responsabilidad exclusiva de la Fundación MUSOL - Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional y no refleja necesariamente la opinión de la AECID.
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De Francesco Filippi, director del área de proyectos de la Fundación MUSOL.
[i] El 74 % de los fondos se dedicaron a la mitigación del cambio climático. Es necesario especificar que el estudio citado analiza exclusivamente fondos puestos a disposición por las instituciones de ayuda al desarrollo que forman parte del grupo creado por el UNEP llamado “Bilateral finance institution climate change group” (son la agencia francesa de desarrollo (AFD), la agencia japonesa de cooperación para el desarrollo (JICA), el banco de desarrollo alemán y corporación financiera ambiental nórdica (NEFCO)), que representan aproximadamente el 13 % de los fondos totales globales de lucha contra el cambio climático. Pese a esta limitación, consideramos que la repartición de los fondos para el clima de estas instituciones nos da una idea orientativa sobre la inversión general que los países desarrollados realizan en los países en desarrollo en este sector.
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