PSOE e IU se plantan en la FEMP y exigen una asamblea de alcaldes.

El PP rechaza convocar a los 7.331 regidores de la federación para tratar la reforma local.

La reunión de la Federación de Municipios de esta mañana terminó con un plante de los alcaldes del PSOE (entre ellos el del vicepresidente del organismo, Abel Caballero) e Izquierda Unida, que abandonaron la junta de gobierno (formada por 25 miembros) poco después de su comienzo. Ambos partidos habían solicitado, junto a CIU, una modificación del orden del día del encuentro para pedir la convocatoria urgente de una asamblea de todos los alcaldes presentes en la Federación con el fin de debatir la reforma de la administración local que prepara el Gobierno.

El PP, con mayoría en la FEMP, rechazó la propuesta para convocar a los 7.331 regidores españoles que están integrados en la organización. En un comunicado, el presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, justificó que el abandono de los representantes de la oposición es "un hecho aislado que forma parte del juego político". De la Serna aseguró que "ningún proceso normativo sobre Administración Local ha requerido convocatoria de la asamblea". Sin embargo, el PSOE recuerda que esta es la reforma más profunda que se ha planteado sobre los Ayuntamientos españoles desde el inicio de la democracia.

"La reforma es una pura improvisación, no solo no se ha mejorado el texto, sino que ha empeorado. Sigue en pie la intervención de los Ayuntamientos y la privatización de servicios; sigue en pie la posibilidad de que los interventores tomen decisiones políticas. El Gobierno va a aplicar el coste estándar de los servicios con unos criterios que no conocemos", señaló el vicepresidente Abel Caballero."Tienen miedo a la democracia", apostilló, en referencia al rechazo de la asamblea. Los socialistas han anunciado que seguirán llevando a cabo acciones para pedir la retirada del texto, incluida la posibilidad de llevar la reforma al Tribunal Constitucional.

El enfrentamiento se ha agudizado después de que el Ministerio de Hacienda presentase, la semana pasada, el nuevo texto del anteproyecto que mantiene en esencia las propuestas que el Ejecutivo hizo el pasado mes de febrero. El anteproyecto con el que no están de acuerdo los alcaldes del PSOE e IU (también el representante de CIU se mostró contrario, aunque no abandonó la reunión), despojará a los consistorios de menos de 20.000 habitantes de aquellos servicios que no puedan prestar a un coste que fijará Hacienda. También derivará a las comunidades autónomas los servicios sociales que ahora sufragan los municipios.

De la Serna, presidente de la FEMP, argumentó que el Gobierno ha dado pasos significativos para encontrar puntos en común y que las negociaciones han conseguido frutos. Entre ellos aseguró que se incorporarán al texto la asignación a las Comunidades Autónomas de las competencias en educación y el coste que conlleven "una vez se haya acordado la financiación autonómica". También se incluirá, según el presidente de los alcaldes, la "limitación de la capacidad de los interventores en cuestiones de oportunidad". El martes pasado, tras la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local que informó sobre los últimos cambios del texto antes de que comience su trámite parlamentario, De la Serna ya manifestó que "sigue habiendo desacuerdos" en algunos de los aspectos de la reforma local pero que queda margen para pulir el texto.

Fernando Martínez Maíllo (PP), segundo vicepresidente de la FEMP, recalcó hoy que seguirán negociando con el Gobierno para conseguir un acuerdo mejor. Entre sus reivindicaciones destacó en primer lugar "el criterio para establecer el coste de prestación de los servicios, que no puede ser solo de población sino que hay que incluir también otras variables como la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población".

El Secretario de Ciudades y Política Municipal, Gaspar Zarrías, añadió a través de un comunicado que “comparte la decisión de los representantes del PSOE de abandonar la Junta de la FEMP”. Considera que el organismo ha dejado de ser "el instrumento de defensa de las entidades locales, como ha sido durante toda su historia, para convertirse en una mera correa de transmisión de las decisiones del Gobierno, aunque estas vayan en contra de los ayuntamientos". Zarrías ha insistido en que el proyecto ataca al Estado del Bienestar e impulsará la "desaparición de los servicios públicos que prestan la inmensa mayoría de los Ayuntamientos españoles".

Desde el PP le dio la réplica el secretario ejecutivo de Política Autonómica, Manuel Cobo: "Cuando el PSOE tiene mayoría y preside la FEMP, insulta a los votantes del PP; y cuando está en minoría, abandona la FEMP, rompe las reglas de juego y no acepta lo que los ciudadanos decidieron en las elecciones municipales de 2011”. En un comunicado Cobo dijo lamentar "que ésta no sea la primera vez que los socialistas actúan así" y les acusó de intentar "boicotear el resultado electoral, en contra del criterio de los ciudadanos”, resucitando la polémica surgida en la Federación de Municipios andaluza.

Fuente: El País