El caso de la interventora intervenida

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Publicado el Martes, 14 Enero 2014 09:19

En un acto de prepotencia administrativa, por muy al amparo que haya sido de la permisiva e interesada legislación que lo consiente (habrá que ver cómo lo califica la sentencia que termine con el recurso contencioso que se ha interpuesto en el caso) el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza decidió el pasado mes de agosto en el silencio del verano, destituir a la interventora de la institución que preside. 

Alegó muy confusas razones y un argumento contundente: que tratándose de una plaza de libre designación, solamente a él le correspondía la capacidad de destituir de su cargo a quien llevaba desempeñándolo largos años. Y podía hacerlo sin necesidad de motivar su decisión cuestión esta que en si misma, aunque sea legal, echa por tierra las bases del derecho administrativo, cuestiona el modelo de funcionamiento que debe seguir un Estado de derecho y recuerda más bien a instituciones impropias de una democracia. 

Un interventor, funcionario de carrera tras dura oposición es algo así corno la larga mano de la ciudadanía que está pres ente en las instituciones -ministerios, ayuntamientos, diputaciones y otras dependencias- para ejercer, en nombre del Estado y en defensa de los intereses ciudadanos ese control de la legalidad de las actuaciones que se producen principalmente en el área económica en sus órganos de decisión. Y claro está, no debe de ser fácil desempeñar esta función fiscalizadora desde la profesionalidad y la independencia frente a la prepotencia habitual en los mandatarios políticos y su tendencia al abuso del poder. 

Dicho de otro modo, es la sociedad la que está siendo protegida de posibles desmanes, que suelen acabar en la corrupción generalizada, gracias a las funciones desempeñadas por estos cuerpos de funcionarios que debieran tener una misión relevante e inamovible frente a esos pequeños leviatanes que pretenden imponer sus dicterios y salvar los control es que les resultan incómodos. 

Es la permisividad de la ley la que establece esa lenidad para que los mandamases de las instituciones más grandes puedan acomodar a sus controladores a su antojo y conveniencia, quitándose sin más de encima a los que no les agraden. Precisamente en esas entidades e instituciones que, por su tamaño, son las que manejan más volúmenes de fondos y pueden ser presa fácil, como tristemente demuestran los hechos a lo largo y a lo ancho del país de los especuladores y los corruptos. 

No estaría mal una reforma de la ley actualmente en trámite parlamentario, de modo que impusiera con mucha más fuerza y capacidades esa presencia de los guardianes de la legalidad. Es lo que pide un Estado de derecho, que debe mantener siempre los necesarios contra poderes a la actuación libre y, a veces, descontrolada de los políticos. 

Y si un interventor se excede en sus funciones o lo hace mal fórmese el oportuno expediente disciplinario, de acuerdo con las normas y con las debidas garantías. Intervenir a los interventores no debería ser una de las prerrogativas de la que gozasen nuestros dirigentes, por muy poderosos que crean ser. 

Fuente: Heraldo de Aragón